Este articulo fue publicado en francés, aqui.
«Menos palabras y más acciones concretas» fue el llamado hecho por el presidente peruano, Ollanta Humala, el 23 de septiembre pasado, en la Cumbre Climática organizada por las Naciones Unidas en Nueva-York. Del 1ro al 12 de diciembre, el Perú recibirá la XX Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), un año antes de la reunión de París. Asimismo, Ségolène Royal, Ministra del Medio Ambiente y Laurent Fabius, Ministro de Asuntos Exteriores estarán presentes a partir del 10 de diciembre para representar Francia.
El presidente peruano subrayó la importancia del evento para el país, así como su responsabilidad: «En este sentido, hoy me toca convocar a la alianza mundial más grande de la historia, en defensa de nuestro futuro, en defensa del futuro de nuestros hijos, en defensa del futuro de nuestros pueblos, en defensa del futuro del planeta, y la forma de vida de calidad que es a la que aspiramos todos y todas.» [1]. Lindas palabras y buenas intenciones pero en realidad, el Perú está muy lejos de dar los pasos hacia la dirección adecuada.
Desde su elección en 2011, el presidente Humala y sus distintos gobiernos nunca consideraron la protección del medio ambiente como una prioridad, más bien al contrario. A pesar de que el Perú sea unos de los países más vulnerables al cambio climático, el gobierno no deja de implementar medidas económicas destructoras. Además, también se asegura instrumentos jurídicos que le permiten ir aún más lejos en su estrategia de represión frente a las crecientes movilizaciones contra proyectos de explotación minera, petrolera, y de los bosques, realizada a expensas de las necesidades de la población en su conjunto.
Un «permiso para matar» frente a las movilizaciones sociales
Desde enero 2014, la policía y el ejército han recibido la autorización para reprimir las movilizaciones haciendo uso de la fuerza gracias a la promulgación de una ley especial que exime de toda responsabilidad penal a los policías y militares que causen la muerte o lesiones a terceros en acción de servicio. Una ley que refuerza la cultura de la violencia del Estado. Esta modificación del código penal peruano ha causado la preocupación de la opinión pública así como la de la Defensoría del Pueblo, la institución pública encargada de la protección y de la defensa de los derechos humanos. Al nivel internacional, las Naciones Unidas se han pronunciado para su anulación [2] ya que las posibles consecuencias son dramáticas.
En un contexto en el que los conflictos sociales no dejan de multiplicarse, ese «permiso para matar» abre la puerta a una represión policial y militar sin recurso. Los errores no imputables a las fuerzas del orden podrían aumentar de forma considerable puesto que los conflictos socioambientables son extremadamente numerosos en el país. Solamente en el primer semestre de 2014, 211 conflictos han sido repertoriados por el 14 reporte del Observatorio de conflictos mineros en el Perú. A pesar de ser menos que los años anteriores, este número sigue siendo muy elevado. Además, los temores son grandes respecto a la reactivación de varios conflictos, especialmente debido a la reciente aprobación de medidas económicas más que polémicas.
Un subsuelo explotado sin límite
El 3 de julio 2014, el Congreso adoptó el «Paquetazo», una serie de decretos cuyo objetivo es dinamizar la economía ya que el crecimiento está estancado. No llegará al 4% en 2014 cuando era de 8 o 9% en los años 2000. Las extraordinarias reservas del subsuelo peruano, explotadas sin límite, no ayudan a invertir la situación. El Perú, clasificado entre los cinco primeros productores mundiales de plata, cobre, zinc, estaño, plomo y oro, sufre de la actual caída del precio de la materias primas (leer nuestra entrevista). Como los precios disminuyen, hay que aumentar las cantidades y suprimir los frenos al crecimiento. Y así, permitir a las multinacionales, a veces francesas, explotar cada vez más los recursos del país, especialmente en la Amazonía (leer nuestra encuesta).
Estos últimos decretos minimizan la importancia de los estudios de impacto ambiental. Además, limitan las capacidades de acción de la OEFA, el Organismo de evaluación y fiscalización ambiental, encargado de aplicar las sanciones ambientales, y le quita al Ministerio del Medio Ambiente la competencia de crear zonas naturales protegidas, transferiéndola al Consejo de Ministros, dominado por el Ministerio de Energía y Minas. Estas medidas han sido defendidas por el ex-Ministro de Economía y Finanzas, reemplazado el 14 de septiembre pasado por Alonso Segura, un ex-director ejecutivo del FMI para la región sudamericana. Un símbolo fuerte.
Estas medidas van en contra de las promesas electorales de «gran transformación» de Ollanta Humala. Su elección, en julio 2011, fue basada en un programa de apoyo a los campesinos y a las comunidades las más vulnerables y muchas veces oprimidas, mayormente situadas en las regiones andinas y amazónicas, regiones ampliamente abandonadas por las políticas públicas. Para una parte de los peruanos, la elección de Humala representaba el cambio tan esperado, después de veinte años de conflicto armado, seguidos por dos gobiernos de derecha que promovieron los ajustes estructurales y las políticas neoliberales de apertura a la inversión extranjera. La llegada al poder de Ollanta Humala no ha cambiado nada. Un ejemplo de las varias renuncias del presidente peruano : defender a los campesinos afectados por la extensión de la mina de oro Conga, en el norte del país (leer nuestro reportaje).
¿Hacia la explotación del gas de esquisto?
Sin embargo, esta «no-transformación» era previsible. Así como en otros países latinoamericanos en los que llegaron al poder gobiernos supuestamente «progresistas», la prioridad sigue siendo el crecimiento económico. Los clásicos tratados de libre comercio siguen siendo firmados, con los Estados-Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea. El objetivo: limitar las barreras aduaneras para favorecer los intercambios comerciales con el Perú.
«A largo plazo, los exportadores de productos industriales o pesqueros serán exonerados del pago de las tarifas aduaneras y los mercados de productos agrícolas serán considerablemente abiertos, explica la Comisión Europea. Al final del periodo de transición, los exportadores de aquellos sectores habrán ahorrado más de 500 millones de euros, solamente en derechos de aduana.» Si los intercambios comerciales aumentan, es muy probable que la liberalización de esos sectores no contribuirá a reducir las desigualdades sociales y económicas del Perú. Pero los intereses de la Unión Europea, ellos sí serán asegurados [3].
De forma general, el Perú sigue promoviendo sin fin proyectos destructores, principalmente vía su Ministerio de Energía y Minas [4]. En marzo 2014, éste pedía la supresión de los estudios de impacto ambiental para la explotaciones de hidrocarburos. Ahora último, anunció la futura explotación del gas de esquisto vía el fracking!
La izquierda y la sociedad civil asimilada a terroristas
A la dominación neoliberal se suma una cultura de represión. Dictaduras y violencias políticas han dado forma al país. Entre 1980 y 2000, un conflicto armado opuso la dictadura de Alberto Fujimori a las guerrillas maoístas lideradas por el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú. Este conflicto interno causó la muerte de 70 000 personas, un gran trauma para todo el país y para la región de Ayacucho, situada en el corazón de los Andes, que fue la cuna del Sendero Luminoso. La población, mayormente campesina, fue particularmente afectada por el terror instaurado tanto por el grupo armado como por los escuadrones militares anti-subversiones implementados por el Estado. Además, el presidente peruano, ex-militar, es acusado de haber participado él mismo a este sistema de terror y de represión [5].
Este conflicto ha dejado huellas en toda la sociedad peruana y ha afectado su capacidad a movilizarse para hacer valer sus derechos. Este fenómeno no se explica solamente por el miedo a las fuerzas del orden sino también por el miedo de ser asimilado a los terroristas miembros de los grupos armados que se reivindican de extrema izquierda y son designados por el término peyorativo «terrucos». «Terruco», neologismo de origen peruano, empezó a ser utilizado durante el conflicto armado. Actualmente, se refiere a las personas sospechadas de simpatizar con las ideologías de aquellos grupos terroristas, y es una categoría que no deja de ampliarse ya que el calificativo se extiende a las personas que se identifican con las ideas y valores de izquierda. Últimamente, los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente han sido incluidos (leer nuestro artículo).
Rebelión contra los grandes proyectos del Estado peruano
En ciertas ocasiones, los defensores del medio ambiente son fuertemente reprimidos, especialmente cuando cuestionan las consecuencias de un tratado de libre comercio. Eso fue lo que sucedió en 2009, en Bagua, ciudad de la Amazonía Norte del país. Las comunidades indígenas awajun-wampis protestaron contra una serie de decretos legislativos emitidos por el ex-presidente, en el marco del tratado de libre comercio con EE.UU. Aquellos decretos autorizaban la privatización de sus tierras para la explotación a gran escala de petróleo, gas y recursos mineros. Luego de varios meses de bloqueo, un enfrentamiento con las fuerzas policiales causó la muerte de 33 personas; 10 miembros de las comunidades y 23 policías.
Un final trágico que atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Lo mismo sucedió con el juicio que ha empezado el 14 de mayo pasado. Entre los 53 civiles acusados, 23 son miembros de las comunidades indígenas awajun-wampis. Hasta el momento, la fiscalía ha solicitado penas de cadena perpetua para siete de los civiles acusados, pero ninguna carga jurídica ha sido requerida contra los 12 policías, quienes también fueron implicados en los enfrentamientos. Este juicio simboliza la oposición entre los pueblos indígenas y la costa, donde vive gran parte de las élites heredadas del sistemas colonial y donde son concentrado los poderes.
Una sociedad gangrenada por el racismo
El Perú es un país gangrenado por el racismo y basado en un sistema de discriminación y de exclusión institucionalizado. La mayoría indígena y mestiza de la población, los «cholos» (término peyorativo por el cual se le refiere), representa aproximadamente 80% de la población. Sin embargo, es constantemente discriminada y marginalizada por la minoría blanca, muchas veces de descendencia europea. La fragmentación está basada sobre la clase social así como sobre la diferenciación étnica: una y otra se superponen. En Lima, estas discriminaciones se materializan en la misma geografía de la ciudad: las poblaciones blancas viven en barrios seguros, a veces cerrados, cuando gran parte de las poblaciones indígenas o mestizas se encuentran en barriadas situadas en zonas áridas.
Nada parece poder ponerle fin a los prejuicios asociados a las poblaciones indígenas, consideradas como atrasadas y pobres, pero ante todo, como incultas e ignorantes. Prejuicios que se reflejan en los discursos políticos y mediáticos, así como en la forma como son tratadas. Muchas veces, a la lucha por la defensa de sus recursos, de sus modos de vida y de su cultura, se suma la lucha contra la deligitimación de sus reivindicaciones, sin embargo coherentes con la protección de los recursos del país y la promoción de un modelo de vida sostenible.
Un país particularmente expuesto al calentamiento global
Es en este contexto económico, social y ambiental que el Perú recibe la COP 20. 2014 ha sido declarado «Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso contra el cambio climático». Una linda fachada para un gobierno que ha decidido acelerar aún más la explotación de sus recursos naturales. «Me da preocupación porque Perú será sede de la COP20, sin embargo con estas medidas están dando un mensaje contradictorio, cuando nuestro cargo como país es avanzar en la agenda interna» deplora José de Echave, co-director de la ONG Cooperacción y ex Viceministro del medio ambiente del actual gobierno.
Pérdida de fauna y flora amazónica y andina, fin de los cultivos tradicionales de subsistencia, y ante todo, reducción drástica de los recursos en agua, lo cual afectará de forma inevitable las dinámicas socioeconómicas del país: el Perú se sitúa en el tercer puesto de los países más vulnerables al cambio climático, según el Tyndall Centre, un instituto de investigación británico sobre el cambio climático. La mitad de los 30 millones de peruanos viven en el litoral, ya amenazado por la subida del nivel del mar. Uno cada tres peruanos depende de los glaciares para su abastecimiento en agua, glaciares que han perdido un tercio de su volumen. Además, no hay que olvidar que 90% de la población vive en zonas expuestas a riesgos de sequía [6]. El Ministerio del Medio Ambiente reconoce la emergencia de la situación, pero las medidas no llegan.
Una sociedad civil que se refuerza
Frente a la inercia del gobierno, la sociedad civil se moviliza cada vez más, como por ejemplo en Puno donde las comunidades aymaras lograron paralizar la explotación de la mina de cobre Santa Ana, operada por la empresa canadiense Bear Creek, la cual a iniciado un proceso de arbitraje contra Perú en agosto 2014. Otro ejemplo es el de Espinar, donde protestas estallaron en 2012 para condenar la multinacional suiza del oro Xstrata, responsable de la contaminación por metales pesados de los recursos de agua de la zona. El mismo alcalde de Espinar se había movilizado y había sido condenado a dos años de reclusión, una acusación declarada nula el 21 de noviembre 2014.
Mientras que el contexto socioeconómico demuestra que los desafíos ambientales y climáticos tienen un fuerte vínculo con la igualdad de acceso a los derechos, el gobierno sigue asociando la protección del medio ambiente a un obstáculo, e incluso a un peligro: la COP 20 será organizada dentro del cuartel general del ejército peruano, el Pentagonito, centro de torturas y desapariciones durante el conflicto armado... Todo un símbolo!
Viviana Varin (Red de información y de solidaridad internacional Ritimo)
Fotos : Simon Gouin
Foto de abastecimiento en agua en un distrito de Lima / CC SuSanA Secretariat
Foto de la movilización en la laguna de Conga: Raquel Neyra